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[whitespace] Desalojamiento

Los inquilinos de Dolphin y Lee dicen que quieren casas para personas de bajos ingresos, pero temen que los planes de la ciudad los dejen desamparados.

Por Jessica Lyons

'CREO QUE todos queremos nuevos apartamentos," dice María Gándara, al invitarme a entrar a su casa en la calle Leibrandt Número 136. "Pero queremos saber que todos vamos a tener apartamentos a donde volver. Queremos garantías."

La hispanohablante madre de cuatro vive en un apartamento de una habitación en el complejo de apartamentos Dolphin en Beach Flats. Concejales municipales quieren comprar la propiedad de Dolphin, además de la propiedad vecina de los apartamentos Lee y los apartamentos Rex Court, actualmente desocupados al otro lado de la calle, y construir locales para cuidado de niños, un centro comunitario y 48 nuevos apartamentos para personas de bajos ingresos económicos que van desde estudios hasta unidades de cuatro habitaciones, albergando a 278 personas.

El plan municipal concuerda con el número de habitaciones existentes de Dolphin y Lee, y más que duplica el número de habitaciones existentes.

Los inquilinos, sin embargo, dicen que no es suficiente. Ellos temen que algunos miembros de su unida comunidad--la cual consideran ser de casi 400 personas--vayan a terminar desamparados. Hasta ahora, la municipalidad no ha hecho mucho para desvanecer sus preocupaciones, dejando la puerta abierta a activistas oportunistas que buscan pleito.

Los concejales municipales dicen que ellos quieren comprar la propiedad y mantener casas para personas de bajos ingresos por siempre. Pero cuando no traen hispanohablantes a la discusión, activistas pro desamparados y la gerencia de los apartamentos deseosamente se aprovechan de la situación. En este proceso, los inquilinos han llegado a convencerse que la municipalidad los quiere echar a las calles.

"La municipalidad sólo hace promesas," dice la gerente de la propiedad Dolphin, María Gutiérrez, quien perdería su salario como gerente si la municipalidad comprara la propiedad. "Yo sé que mucha de esta gente quedará desamparada. Ellos dicen que no revisarán historiales criminales, pero ellos van a revisar el pasado de cada uno. Políticos son políticos. Ellos nunca dicen la verdad. Pueden ofrecer muchas cosas pero nunca las hacen realidad."

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Crying Foul: Witnesses say Hernandez's allegations are based on remarks that weren't said.

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Crueles intenciones

GANDARA ME DICE que ella no tiene quejas de su apartamento. Pero admite que existe abarrotamiento. Su familia de seis vive en el espacio de una habitación, lo cual es común tanto en Dolphin como en Lee.

Aparentemente las violaciones a los códigos también son comunes. Las condiciones son malas y la gerencia no ha ayudado a mejorarlas. De acuerdo a una carta de queja fechada el 31 de enero y firmada por 14 inquilinos de Dolphin, Gutiérrez arbitrariamente sube la renta, ilegalmente cobra cargos de retraso si la renta no es pagada exactamente el día primero de mes, y no acepta arreglar calentadores, cañería dañada, pisos podridos e inodoros tapados.

De acuerdo a otro inquilino, Gutiérrez le dio verbalmente un plazo de tres días para desalojar porque "ellos se quejaban mucho."

Pero convencer a los residentes de que el plan municipal es por su bien ha sido difícil, por no decir imposible. De acuerdo al borrador del plan de remplazo de vivienda--hecho por el Comité Asesor de Reubicación, compuesto mayormente por inquilinos de Dolphin y Lee--status migratorio, historial de crédito e investigación criminal no será parte del proceso de solicitud. El único requisito será el status de personas de bajos ingresos económicos.

El borrador dice también que los residentes actuales de Dolphin y Lee tendrán prioridad para las nuevas viviendas--o por lo menos hasta que las 48 unidades sean llenadas.

Pero con la mayoría de los inquilinos indocumentados, "La Migra," como se le llama al Servicio de Inmigración y Naturalización, es un peligro latente. Mientras que el Consejo municipal ha tratado de asegurarles que esto no les afectará, la gerencia de los apartamentos les dice que su status de indocumentados no les dará posibilidades de volver a los apartamentos cuando sean terminados. Muchos tienen mal crédito o no tienen crédito, lo cual hace difícil solicitar alquiler. Los inquilinos no saben sus derechos, no confían en los que toman las decisiones y no quieren perder sus casas. Ellos quieren garantías legales--en la forma de una resolución aprobada por el Consejo municipal--que ellos tendrán un techo sobre su cabeza sin importar su status de inmigración, previos problemas con la ley o historial de crédito.

La ley estatal de reubicación garantiza a cada jefe de casa dinero que ayudará en gastos de traslado y alquiler por hasta 42 meses mientras el nuevo complejo se construye, o una cantidad de dinero suficiente para el enganche en la compra de una casa.

Pero si construyen y cuando los nuevos apartamentos estén construidos, ¿tendrán los inquilinos de Dolphin y Lee hogares a donde volver?

La ley al pie de la letra

LOS RESIDENTES han pedido repetidamente al Consejo municipal que apruebe las garantías. Ellos también quieren prohibir a Mercy Charities, administrador de viviendas para personas de bajos recursos de la ciudad, y elegir ellos a su propio representante.

Lo más importante es que los inquilinos de Dolphin y Lee dicen que ellos quieren suficientes unidades para mantener su comunidad latina intacta como hasta hoy. Ellos no se moverán hasta que el Consejo municipal les garantice que construirán de 70 a 100 nuevas unidades para acomodar el mismo número de familias que viven en los 48 estudios de una habitación, algunas veces abarrotando a 15 personas en un cuarto. Es abarrotamiento y es ilegal, pero es un lugar para dormir--muchas veces por turnos. Más importante, dividir la renta entre varios sale más barato, permitiendo a algunos hombres mandar dinero a sus familias en México.

Por otra parte, viviendas administradas por la ciudad tendrían reglas determinando cuantas personas pueden vivir en cada unidad.

"La forma práctica de cómo calcular el número de ocupantes de una unidad para el estado y para HUD (el departamento de desarrollo urbano, por sus siglas en inglés) es de dos personas por habitación más una," dice Elisabeth Vogel, directora de desarrollo de vivienda de Mercy Charities Housing. "Por ejemplo, en un apartamento de dos habitaciones, usted podría tener cinco personas."

En otras palabras, mientras que la renta estaría basada en los ingresos económicos, a la gente no le sería permitido vivir en condiciones de abarrotamiento que ahora permite el ahorro en alquiler del cual dependen para ahorrar el dinero--a no ser que el gerente de control de residentes se hiciera de la vista gorda.

La prohibición de una altura de tres pisos no permite al proyecto actual tener de 70 a 100 nuevos apartamentos. Los concejales dicen que ellos no tienen el dinero para comprar el terreno necesario para construir unidades extra para personas de bajos recursos.

Miembros del Consejo dicen que el recuento de inquilinos puede ser que sea inflado por activistas y los propios residentes e insisten en hacer un recuento independiente antes de otorgar garantías a los residentes. La ciudad necesita saber a quienes les dará garantías, dice Tim Fitzmaurice, un miembro del Consejo municipal.

"Necesitamos saber exactamente cuantas personas hay en estos edificios ahora y nos están bloqueando," dice. La situación se ha convertido en el cuento de quien existió primero, el huevo o la gallina, con los inquilinos diciendo que no dejarán a los oficiales municipales contarlos hasta que pasen una resolución aprobando las garantías.

"Ellos no pueden venir a la propiedad a investigar o a contar gente hasta que nos tengamos garantías," dice Nena Ruiz, portavoz del grupo de inquilinos Residentes Unidos. Ruiz dice que sólo hay una razón por la cual los oficiales municipales quieren saber cuántas personas viven en cada unidad.

"La razón por la cual ellos quieren hacer eso es para preparar un plan y proceder como lo hicieron antes" con el plan de Beach Flats Replacement Housing. Los inquilinos quieren involucrarse en el plan, explica ella. A ellos les preocupa que una vez que tengan el recuento tendrán la información necesaria para sacarlos del plan en contra de la voluntad de los inquilinos.

Por cierto, aún antes de que el Comité Asesor de Reubicación votara para poner el Plan de Reemplazo de Vivienda sobre la mesa, ya el plan había aparecido en la agenda del consejo municipal el 13 de junio. El consejo no lo aprobó, pero legalmente ellos habrían podido hacerlo sin la aprobación de los inquilinos.

Mientras tanto, a Fitzmaurice le preocupa que más retrasos significará que no habrá viviendas para personas de bajos ingresos.

"Hay un compromiso con el futuro de esta área, y la vivienda al alcance de todos permanentemente no viene sin dificultades y retos," dice. "Pero los retrasos no benefician a los inquilinos. Los retrasos son una forma de parar el proyecto."

Camino al infierno

MIENTRAS que miembros del Consejo municipal empujaron el plan a través del proceso, los inquilinos se empezaron a sentir ignorados--y no sin razón. Inquilinos, activistas y oficiales están de acuerdo en que la ciudad falló al no involucrar a los inquilinos desde el principio. Cuando los inquilinos empezaron a asistir a las reuniones de reubicación, éstas eran en inglés solamente, de acuerdo a los inquilinos latinos monolingües.

No fue hasta marzo que apareció un traductor a español y les proveyeron documentos bilingües.

Entonces el 13 de junio, el consejo votó esperar hasta el 27 de junio para decidir si compraba la propiedad, pero también votó por no aprobar ninguna garantía. Ruiz no podía creerlo.

"Ellos todavía no dejan a los residentes tener una palabra," argumentó Ruiz al día siguiente. "Ellos nos debían haber dado nuestras garantías anoche--estoy tan enojada por eso."

Después de la reunión, Sugar dijo que él tratará de nuevo en la reunión del 27 de junio.

"Tendré otra oportunidad en la próxima reunión del consejo municipal para pelear por esas garantías," dijo, agregando: "Pienso que la prioridad número uno tiene que ser parar y trabajar para mejorar la comunicación porque los inquilinos están hablando y sienten que no son escuchados."

Nosotros versus ellos

EN UNA RECIENTE tarde de lunes, Sugar asistió a su segunda reunión con Residente Unidos para discutir las garantías con los inquilinos. El activista pro desamparados Robert Kahn, quien usa el seudónimo Robert Norse, estaba allí también, grabadora en mano, diciéndole a Sugar "siéntate" y "déjanos hablar." Sugar le recordó a Norse "Tú no eres ellos."

En un mensaje electrónico reciente, Norse criticó a la ciudad por ignorar a los residentes.

"Como un defensor de los derechos civiles para personas desamparadas quien ha observado el lamentable record del consejo municipal durante la última década o más, yo traje mi experiencia a RU."

El quiere ver más viviendas al alcance de todos y que los inquilinos tengan más poder, dice él, pero algunos cuestionan sus motivaciones. Muchos proponentes de Dolphin/Lee echan la culpa a Norse y otros de contribuir a la desintegración de los planes que habían llevado años formar para mejorar la vivienda--que a él no le interesan soluciones reales sino sólo el control.

"Un sentimiento adversario ha sido creado para el detrimento de aquellos a quienes más afecta--los residentes," dice Tony Madrigal, coordinador de desarrollo juvenil de Niños y Adolescentes Explorando la Naturaleza. Muchos de los niños de Madrigal viven en los dos edificios. "Si la gente que los está movilizando realmente se preocupara de los residentes, no los asustarían."

Algo a favor del activista es que los inquilinos han sido movilizados e incluidos en la discusión, agrega Madrigal. Pero él cuestiona su sinceridad.

"Ellos cargan pequeñas grabadoras, preguntan a los residentes '¿Qué piensa usted del proyecto?' y hacen a los residentes sentir importantes--que sus opiniones cuentan. Pero la ciudad pudo haber hecho lo mismo. Ellos podían haber venido a la comunidad y haber hecho alianzas. Eso unido al hecho de que raras veces vienen por aquí les da a los inquilinos el sentimiento de que a los que toman las decisiones realmente ellos no les interesan. Es un temor mal ubicado y falta de confianza--esas son las razones detrás de esto."

Aún algunos inquilinos rápidamente señalan que las opiniones de Norse no siempre reflejan las del grupo.

"El ha ayudado a la gente a entender la ley, las reuniones del consejo municipal y el proceso," dice Ruiz. "Pero muchas de las cosas que él dice son su propia opinión--nosotros no siempre estamos de acuerdo con él. Yo escucho a los activistas por la orientación legal, pero cuando empiezan a pelear--eso es puro activismo. Todos lo hacen. Para ellos tal vez es sólo una batalla más, pero para nosotros son nuestras casas."


Traducción de Lucía Varona.

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From the June 21-28, 2000 issue of Metro Santa Cruz.

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